Gobierno alista decretos para regular derechos laborales y de salud

La Paz, 01 feb (ABI).- Los derechos de naturaleza colectiva, como salud, trabajo y acceso a los servicios básicos que están delimitados en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en el referendo del 25 de enero, serán aplicados por decretos supremos que están siendo elaborados por el Poder Ejecutivo.
El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, informó este domingo que estos derechos son de aplicación directa y que cada ministerio está trabajando en estructurar las normas que las viabilicen.
"Aplicación directa significa que no requieren ser reglamentados a través de leyes.
La nueva Carta Magna amplía los derechos laborales.
En el texto constitucional se plantea también el Seguro de Salud Universal, cuyo respaldo, es decir normas de aplicabilidad, están siendo elaboradas por el Ministerio del sector.
El nuevo texto constitucional, instituye que los servicios básicos (agua, luz, saneamiento) son derechos humanos, de acceso progresivo y universal para la población.
La tarea de promover normas para su aplicación corresponde a los ministerios de Obras Públicas y Aguas.
"En el caso de nuestro ministerio (de Desarrollo Rural y Agropecuario), es garantizar una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad para el conjunto del pueblo boliviano", dijo el ministro Romero.
NUEVA CONSTITUCIÓN
La nueva Constitución Política del Estado preserva y garantiza los derechos fundamentales de los sectores vulnerables de la sociedad civil, como niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados y personas privadas de libertad.
El artículo 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil por lo que las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral.
La familia también se constituye en el núcleo fundamental de la sociedad y se establece que el Estado deberá garantizarla.
Respecto a las personas adultas mayores, la nueva Carta Magna prohíbe y sanciona el maltrato, abandono, violencia, discriminación y, además, garantiza la Renta Dignidad.